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POR SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES
FOTO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | EDITADA CON GEMINI
Una promesa de duplicar el dinero en Instagram llevó a Fátima a un bot de Telegram que desapareció minutos después de recibir su depósito.
Su caso no es el único: forma parte de una red de estafas digitales que ha operado en Chile bajo nombres como PirateWashCard y, actualmente, Palo Verde. Estas organizaciones utilizan redes sociales para captar a sus víctimas, Telegram como su centro de operaciones y criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.
Aunque Chile firmó en 2022 el principal tratado internacional contra el cibercrimen, más de tres años después aún no lo ha ratificado, y no puede entrar en vigor debido a que no hay la cantidad suficiente de países que lo ratifiquen, dejando a las víctimas con escasas herramientas de protección.
Era un día como cualquier otro. Fátima se encontraba con su celular, revisando las historias de sus conocidos en Instagram, cuando algo interrumpió el desplazamiento cotidiano: una publicidad. La cuenta se llamaba PirateWashCard y prometía algo simple y directo: depositas dinero, y ese dinero se duplica.
No estaba pasando por un buen momento económico, y esa promesa, por absurda que pudiera sonar, logró detener su pulgar sobre la pantalla. La curiosidad hizo el resto y entró al perfil.
Lo primero que vio fue una cantidad considerable de seguidores. Una primera señal de legitimidad. Pero lo que terminó de captar su atención fue una historia destacada con un nombre pensado para disolver cualquier duda: “Testimonios”. Al pinchar, encontró capturas de conversaciones con supuestos clientes satisfechos, personas que decían haber depositado y recibido el doble de vuelta.
Aun escéptica, contactó a los seguidores de la página para verificar. La primera respuesta fue ambigua. La segunda, definitiva: alguien le contó que su hermana había depositado y recibido exactamente lo que prometían.
Con esa confirmación, Fátima decidió contactarlos.
FOTO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | EDITADA CON GEMINI
Lo que vivió Fátima tiene un nombre en el cibercrimen. Para entender por qué una cuenta con una promesa tan evidente logra capturar a tanta gente, hay que dar un paso atrás.
Según Fernando Valenzuela, abogado especialista en delitos económicos, compliance y prevención de fraude, con experiencia en análisis de riesgos, toda víctima atraviesa un ciclo de tres fases:
"La víctima aquí no cae por ignorancia, sino porque el sistema está diseñado con precisión psicológica y tecnológica para que incurra en este engaño".
Convencida por el testimonio, Fátima tomó una decisión. Entró al enlace que la cuenta dejaba en su perfil. El destino era Telegram.
Ahí no la recibió una persona. La recibió un bot.
«Entré y es un mensaje automático. No es la persona en sí la que me habla. Te responde todas las dudas», cuenta Fátima. Preguntó directamente “¿Es una estafa? ¿Cómo funciona esto? ¿Es ilegal?” El bot respondía en segundos con un lenguaje natural que disolvía cualquier sospecha.
Según explica Patricio Encinas, doctor en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), periodista y estratega en comunicación e inteligencia artificial, este nivel de naturalidad no es una excepción, es el estándar. «Hay estudios que indican que al menos el 60% de las personas no se siente capaz de reconocer si un contenido fue generado por IA o por un humano», advierte.
“Cualquier persona tiene la capacidad de construir e instalar uno. Los modelos actuales (GPT, Claude o Gemini, por ejemplo) tienen secuencias paso a paso que te explican cómo hacerlo (…) Estoy seguro de que hoy podría lograr uno bastante decente en media hora”, explica Encinas.
El bot le entregó a Fátima los datos bancarios para realizar la transferencia. Pero le aclaro que no podía depositar desde cualquier banco. Banco Estado, Itaú, Tenpo y Falabella estaban excluidos. Fátima transfirió desde BCI a Banco Santander.
Pasaron quince minutos. “Le deposité el mínimo y me dejó de responder”.
Que todo esto ocurriera en Telegram no es casual. Para el ingeniero en ciberseguridad y analista de amenazas en Rastreosat by Redd, Bayron Toledo, “Telegram reemplazó a la Dark Web. Ya no necesitas conectarte con un computador a un sitio secreto a través de una VPN o una máquina virtual para acceder a estos grupos”.
“Telegram te da un espacio de anonimato donde es más amplio el punto de vista para poder buscar estos grupos”, explica Toledo. Fátima no podía ver quiénes estaban dentro del canal junto a ella. “Puedes ver cuántos hay, pero no puedes saber nada de las personas que hay. Solo el administrador”, cuenta.
Fátima tenía el nombre de la cuenta, los datos bancarios y la conversación completa. En teoría, tenía todo para denunciar. No lo hizo.
«Son 15.000 pesos, pero yo creo que las personas que me van a tomar el reporte van a decir ‘son solo 15.000 pesos’ y no le van a dar mucha importancia», explica.
Desde la perspectiva de la criminología y el estudio del sistema de justicia, Alejandra Mohor, investigadora senior del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, advierte que las cifras de denuncias solo reflejan una parte de la historia. “La gente no sabe realmente qué es denunciar”, advierte. Muchas personas no distinguen entre publicar en redes sociales o presentar una denuncia formal.
Muchas víctimas de este tipo de estafas ni siquiera se reconocen como tales: «Que tonta fui, ¿Cómo caí en esto?» La vergüenza actúa como el primer desincentivo, antes de que la persona se plantee si tiene sentido denunciar.
“Es un delito del que se habla poco, que se comunica poco y que tiene pocos incentivos para la denuncia, salvo que se trata de sumas importantes”, afirma.
Y cuando alguien decide presentarla, el sistema no necesariamente la recibe bien.
FOTO: GENERADA CON GEMINI
El canal donde Fátima perdió su dinero era una tienda, una sala de operaciones y un directorio de servicios ilegales accesibles para cualquier persona que tuviera el enlace de invitación.
Ese canal tuvo un cambio de imagen. Hoy se llama Palo Verde.
El cambio de identidad no es una señal de debilidad, es una táctica. Cuando una cuenta en Instagram acumula reportes, simplemente muta; nuevo nombre, mismo grupo, mismas personas, el negocio no se interrumpe.
Fuera del sistema.
Dentro de tu cuenta.
"Hola compa se que no respondes por aqui pero te queria agradecer, deposite las 15 exceptico pensando que me iban a cagar XD Y bueno si llego la money, gracias. Pal otro mes voy con una promo mas cara."
"Me salvaron caleta, perdí como 300 lucas por la wea de bancoestado... de verdad pensé que no comería este mes, se pasaron amooo"
"Holiii vi que otros te estan mandando sus retroalimentaciones y yo tambien queria aportar. Cuando intente atenderme el bot tuvo un periodo (aprox de 15 min) en el que no me contesto, por lo demas todo bien y se me acredito el monto solicitado 😋😁"
"Holi hablaba mas que nada para dar feedback de que todo salio bien, quede super contenta la verdad es que me salvaste, tenkiu <3"
"Holaaa 💕 vi que varias ya dejaron su opinión y quise sumar la mía también. En mi caso, cuando intenté usar el bot hubo un pequeño retraso y tardó un poco más de lo normal en responderme 😅, pero después todo fluyó súper bien y el dinero se me acreditó sin problema. De verdad me salvaste, eran mis últimas 30 lucas 🙏✨ Gracias infinitas 💕✨"
En el nivel básico está el cashout, que depositas una cantidad y recibes supuestamente el doble. Es la puerta de entrada, el producto que captó a Fátima y a otros. Pero no es el único.
En un nivel superior está la “Green Card”, que es una licencia mensual que ronda los 1.000 dólares y que, según la propia red, entrega acceso a herramientas para obtener datos de tarjetas de crédito robadas. Quien la compra no solo se convierte en cliente, pasa a ser parte de este sistema.
VIDEO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | REGISTRO DE CHAT CON BOT
Logramos identificar siete cuentas bancarias distintas utilizadas por esta red para recibir transferencias. Una de ellas pertenece a un menor de edad.
En Instagram existe la cuenta @wash.cardpirateestafa, creada para documentar y exponer públicamente la operación. Ahí aparecen imágenes de una persona vinculada al grupo, incluyendo sus familiares. Y también la fotografía de ese menor de edad cuya cuenta fue usada para recibir transferencias.
VIDEO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | BOLETAS SUBIDAS COMO TESTIMONIO EN INSTAGRAM
LA TRAMPA DENTRO DE LA TRAMPA
Felipe también encontró a Palo Verde en Instagram. Tenía problemas económicos y depositó el mínimo esperando que se duplicara.
«De todas las opciones, como tenían estas fotos de referencia de que, oh, sí, funcionó y todo eso. Aparte que no te exigían tampoco tantas cosas, más que nada depositar y ya (…) Era lo más sencillo, menos trámites, menos papeleo», comenta.
Después del depósito el bot no solo lo estafó: inmediatamente lo invitó a convertirse en parte de la estafa.
Es un modelo de estafa piramidal. La víctima se convierte en captador. «Tú depositas la plata esperanzado que funcione, te va mal, te estafaron. Pero ellos te dan la opción de recuperar esa plata que perdiste estafando a otro», explica Felipe. «La rabia, la frustración y todo eso hace que tú colguis’ el link en cualquier parte, y el que caiga, caiga».
Esta red se alimenta de sus propias víctimas. Cada persona estafada se convierte en un potencial reclutador. Cada reclutador amplía el alcance del canal. Y el grupo sigue creciendo.
Las transferencias bancarias son solo la primera capa.
Además de operar en pesos chilenos, el grupo acepta TRX, una criptomoneda de la red Tron: es rápida, tiene bajas comisiones y, sobre todo, es difícil de rastrear. Esto les permite recibir pagos desde el extranjero y mover el dinero en capas que el sistema financiero chileno no puede seguir.
«Podemos saber que se depositaron ’10 millones’ buscando hacia atrás en los bloques», explica Enrique Saavedra, abogado especialista en blockchain, protección de datos personales, regulación de nuevas tecnologías, ciberseguridad y hacking ético en el Instituto de Ciberseguridad Mexicano. «Lo que no se puede rastrear, a menos que la cuenta esté vinculada a un usuario en una plataforma regulada, es quién realizó esa transacción».
El blockchain es el registro más transparente que existe: cada transacción queda grabada de forma permanente y pública. Pero esa transparencia no incluye identidades.
Esta red no opera en el vacío. Es la expresión más visible de un fenómeno que crece de forma sostenida y que el Estado mide con dificultad.
Según datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito mediante la Ley de Transparencia, las denuncias por estafas y otras defraudaciones contra particulares han tenido un alza considerable. A nivel nacional, la Policía de Investigaciones (PDI) recibe cerca de 40 mil denuncias anuales por estafas y fraude de tarjeta, según el comisario Braulio Jiménez, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Concepción.
Para Mohor, el aumento no es sorpresa. «Entonces parece evidente si tú tienes durante un largo periodo una única forma o dos o tres alternativas para estafar gente, pasas a tener 500 formas: por teléfono, por mensaje de texto, por Telegram, por WhatsApp, por correo electrónico, que se multipliquen las estafas».
Camilo Mix, analista en ciberinteligencia de CronUp Ciberseguridad, el fenómeno tiene además una explicación técnica precisa: «El ciberdelincuente entendió que muchas veces es más fácil convencer a una persona de realizar una transferencia que vulnerar tecnológicamente su sistema bancario. La ingeniería social se ha convertido en una de las herramientas más importantes del fraude moderno».
Pero la propia Subsecretaría reconoció que no puede desagregar las estafas por modalidad: todas quedan registradas bajo una misma categoría general. No es posible saber cuántas de las más de 83 mil denuncias de 2024 ocurrieron en Telegram.
La Unidad de Análisis Financiero acumuló más de 47 mil reportes de operaciones sospechosas entre 2024 y abril de 2026. Cuando se solicitó cuántos de esos reportes estaban vinculados a fraude digital, la respuesta fue una denegación: revisarlos requeriría leer cada uno de forma individual, lo que la institución calculó en 1.568 horas de trabajo.
El Estado sabe que el dinero se mueve de formas irregulares. Sabe que las estafas crecen. Pero no tiene la capacidad de conectar esos movimientos con los delitos que los generaron.
Fátima quedó en esa zona invisible. Tenía una transferencia, un nombre asociado a una cuenta bancaria, capturas y una conversación completa. Pero no denunció. Su caso nunca llegó a un expediente.
Los casos que sí alcanzaron al sistema judicial muestran otra parte del mismo problema: qué ocurre cuando el Estado logra encontrar un hilo, pero no siempre llega hasta quienes sostienen la red.
FOTO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | EDITADA CON GEMINI
En toda investigación penal puede aparecer una IP, una cuenta bancaria, un teléfono, un nombre escrito en un chat. Pero encontrarlo no basta. Lo importante es saber hasta dónde lleva.
En dos expedientes judiciales, ese hilo apareció. Uno comprometía 447 compras, 391 tarjetas de crédito y más de trescientos millones de pesos. El otro partió con una transferencia de $320.000 y terminó en una cuenta bancaria identificada. No los une la escala sino el límite: lo que el proceso logró probar y lo que quedó fuera.
En Viña del Mar, la operación Astudillo aparece en dos causas. En el RIT 98-2022, Alexander Astudillo Guzmán fue condenado por el fraude. En el RIT 424-2024, la Fiscalía intentó probar la participación de otros tres acusados. El resultado fue un condenado principal y tres absueltos.
El caso se originó por una querella del estudio jurídico que representa a Mercado Libre y Mercado Pago. Pablo Bravo Soto, entonces fiscal especializado en delitos económicos y anticorrupción de Viña del Mar, estuvo a cargo de la investigación desde 2021 hasta abril de 2023, cuando asumió como fiscal jefe de Quintero.
> Magnitud del fraude documentado entre enero 2021 y marzo 2022.
* La diferencia en las estimaciones no cambia la magnitud de la operación, pero evidencia la complejidad de cuantificar el fraude digital con una única cifra oficial unificada.
LA ESCALA DE LA OPERACIÓN
Entre el 15 de enero de 2021 y el 1 de marzo de 2022, la Fiscalía atribuyó a la red 447 compras realizadas en el Marketplace de Mercado Libre. Según la acusación, usaba datos bancarios de terceros, cuentas antiguas o inactivas para comprar productos electrónicos de alto valor, principalmente iPhone 12.
El Ministerio Público sostuvo que se usaron 391 tarjetas de crédito y 229 cuentas de Mercado Libre. El perjuicio fue calculado en $340.387.869 por Fiscalía y en $312.729.376 por Mercado Pago.
Mediante un procedimiento abreviado, Astudillo fue condenado en la causa RIT 98-2022 cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 UTM y libertad vigilada intensiva, por su responsabilidad como autor de estafa, usurpación de identidad y uso fraudulento de tarjetas de crédito.
La Fiscalía incorporó una declaración prestada anteriormente por Astudillo. En ella, afirmó que había ingresado junto a los otros acusados a la Deep Web, donde encontraron un portal llamado “Poisson” y compraron bases de datos de tarjetas por mil dólares en Bitcoin, y les asignó roles dentro de la operación. Afirmó que el grupo consiguió cerca de novecientos millones de pesos, cifra que nunca fue acreditada judicialmente, como tampoco esos roles.
Pero Astudillo no compareció al juicio oral. Sin comparecencia, nadie pudo interrogarlo ni contrainterrogarlo. El relato existía. La corroboración, no.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar absolvió a los tres acusados por falta de acreditación de su participación. Además, el perito informático de la PDI declaró que sabían que los archivos de tarjetas se intercambiaban por Telegram, pero no pudieron acceder a la aplicación porque requería un código de acceso.
Lo que podía estar ahí —instrucciones, contactos, conversaciones— quedó sin verse.
Secuencia operativa de cómo el fraude con tarjetas de terceros termina convirtiéndose en una pérdida económica absorbida por Mercado Pago, la pasarela de pagos en el centro del caso judicial que aborda este reportaje.
Compra realizada con datos de tarjetas de terceros obtenidos ilícitamente.
El comercio procesa la orden y despacha los productos a los domicilios de la red.
El titular real revisa su estado de cuenta y desconoce la compra ante su banco.
El banco emisor reversa los fondos, exigiendo la devolución del dinero a Mercado Pago.
Mercado Pago absorbe el perjuicio no recuperado, asumiendo la pérdida financiera de la operación.
La imagen final fue partida: el fraude documentado, el perjuicio cuantificado, el principal imputado condenado y los otros tres acusados absueltos.
El caso de Curicó empieza en otra escala. No hay cientos de compras ni meses de operación reconstruidos por una IP. Hay un mensaje de Telegram, una víctima en Curicó y una cuenta bancaria asociada a una mujer con domicilio en Talcahuano.
La cadena, desde el inicio, no estaba encerrada en una sola ciudad.
El 5 de septiembre de 2024, la víctima tomó contacto por Telegram con alguien que, según el requerimiento del Ministerio Público, se identificó como Sarai Andrea Sáez Ibarra — identidad nunca determinada con certeza; el expediente también la registra como «Saray». La oferta: trabajo online. Debía depositar $320.000 en una cuenta del Banco Santander a nombre de Velásquez. Transfirió. La persona dejó de comunicarse.
El Ministerio Público no llevó el caso como crimen informático, sino mediante requerimiento simplificado por estafa. El punto visible era la cuenta bancaria: tenía nombre, domicilio y una titular ubicable.
Pero la declaración de Velásquez abrió otra lectura. Según dijo, ella también había sido contactada por redes sociales, también creyó estar frente a una oportunidad de trabajo y también operaba por Telegram. Le pidieron su cédula por ambos lados y una fotografía para verificar su identidad. Le ofrecieron $30.000 diarios por revisar fichas, enviar mensajes, recibir transferencias y reenviarlas a otras cuentas. Declaró que trabajó así cerca de un mes y que nunca tuvo contacto con la víctima.
Carlos Concha, su abogado defensor, resume la tesis de la defensa en una frase: “No era una comisión, era el pago de ella». Desde esa lectura, Velásquez no era la organizadora del engaño, sino una persona captada por una promesa parecida a la que atrapa a muchas víctimas: trabajo remoto, tareas simples y dinero rápido.
El tribunal la absolvió. No porque negara la transferencia ni el contacto descrito por la víctima, sino porque la prueba del Ministerio Público no alcanzó para acreditar que ella hubiera participado como autora de la estafa.
La cuenta estaba identificada. La autoría, no.
Punto de contacto inicial y captación.
Usuario captado tras interacción con bot.
Titular asociada (acusada absuelta).
Red de dispersión identificada en declaraciones.
«En general caen los que van al choque», dice Concha: el punto visible, el dato disponible, la persona ubicable. «Si la información está dividida, es difícil llegar a los puntos superiores».
En Curicó, ese punto fue una cuenta bancaria. Concha sostiene que la Fiscalía trató el hecho como una estafa de bajo monto, avanzó por procedimiento simplificado y llegó hasta la persona que podía individualizar. Si esa causa no se cruza con otras similares, si no se conecta con denuncias parecidas en otras regiones, el hilo queda corto. “Si la información está dividida, es difícil llegar a los puntos superiores”, dice.
Los dos expedientes no son réplicas. Viña del Mar muestra una operación de escala, con cientos de compras, cientos de tarjetas y un condenado principal. Curicó muestra lo contrario: una transferencia, una cuenta bancaria, una acusada absuelta y una identidad de Telegram que el proceso no logró fijar.
El Estado no estuvo completamente ciego. Vio partes: una IP, una cuenta, transferencias, tarjetas y teléfonos. Pero en fraudes que operan por capas, ver una parte no basta para reconstruir toda la cadena.
En estos dos expedientes, lo que el proceso no logró cerrar fue la estructura completa.
FOTO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | EDITADA CON GEMINI
términos por archivo provisional con imputado desconocido bajo Art. 7A Ley 20.009 — 2025.
No equivale a causas únicas, víctimas ni personas condenadas. Archivo provisional puede reabrirse si aparecen antecedentes.
En 2025, Fiscalía registró 280.827 archivos provisionales con imputado desconocido solo bajo la figura de uso malicioso de tarjetas y medios de pago.
No son 280.827 casos abandonados. Son 280.827 veces que el sistema llegó hasta donde podía. Y encontró el mismo muro.
La Ley 21.459 de delitos informáticos entró en vigor en 2022. Tipificó el acceso ilícito, la interceptación de datos, la receptación, el fraude informático y el abuso de dispositivos. En 2025 registró 3.111 delitos ingresados. El 88,2% quedó con imputado desconocido. Las sentencias condenatorias ese año fueron trece.
La Ley 21.459 permite mirar la dimensión informática, pero no agota el fenómeno. La operación mezcla engaño, medios de pago, plataformas digitales y automatización; Fiscalía, en cambio, registra por categorías separadas.
El engaño patrimonial: promesas falsas, depósitos voluntarios y pérdida de dinero por fraude.
Permite dimensionar el fraude patrimonial general.
No aísla Telegram, PirateWash/Palo Verde, bots, carding ni servicios de cashout.
Uso malicioso de tarjetas, claves, credenciales y medios de pago.
Es la entrada más cercana al uso fraudulento de medios financieros.
No muestra captación por Instagram, operación en Telegram, bots ni servicios de cashout.
Delitos informáticos, como fraude informático, receptación de datos informáticos y abuso de dispositivos.
Permite observar la dimensión informática del fenómeno.
No todo fraude con tarjetas entra por esta ley. Tampoco permite aislar plataformas o redes específicas.
Lectura para el capítulo: la Ley 21.459 mira la conducta informática, pero el fenómeno también aparece en estafas y en uso malicioso de medios de pago. Ninguna entrada permite aislar por sí sola Telegram, bots o carding.
Rufino Martínez, abogado especialista en delitos informáticos y económicos complejos, ciberseguridad, protección de Datos y socio fundador de MTZ Legal, evita una lectura simple. «Los medios que actualmente consagra la Ley de Delitos Informáticos son aptos e idóneos para poder perseguir la criminalidad informática desde un punto de vista procesal», dice. El problema está en otro lado: «Lamentablemente no se cuentan con los medios técnicos ni con los medios humanos muchas veces para poder completar la persecución».
El fiscal Pablo Bravo ubica el problema un nivel más arriba, en cómo se reparte la atención del sistema: «El tema de hoy día, entre tantos delitos de homicidio y otros más graves que se están cometiendo en el país, lo que es patrimonial queda un poco detrás. Pero no se puede dejar de lado, porque para allá tienen que ir a apuntarse los esfuerzos investigativos del Ministerio Público y del país en general en cuanto a la investigación patrimonial compleja de largo alcance, es decir, masiva».
Kenneth Pugh, exsenador e impulsor de la Ley 21.459, comparte el diagnóstico, comentando que «en Chile aprendimos a legislar bien en esta materia, pero no hemos aprendido a presupuestar al mismo nivel». La ley está bien diseñada con tipos penales neutros respecto a la tecnología. El vacío real no está en la tipificación, sino en la atribución: «¿Quién responde por lo que hizo el algoritmo? ¿Quién lo programó, quien lo desplegó, quien lo arrendó?».
Mientras ese debate se procesa, en la Comisión de Constitución del Senado descansa el Boletín N°16.021-07 desde el 2023, que incorporaría el uso de inteligencia artificial como agravante penal en la comisión de delitos. Aún no ha sido votado.
El límite no es solo de recursos. También es de diseño.
Fernando Valenzuela, lo formula con una distinción que las estadísticas no hacen visible: hay delitos informáticos y hay delitos algorítmicos. «Nuestra legislación fue concebida para un delito clásico, donde hay un ser humano atrás del computador que toma decisiones y ejecuta el delito», explica. «La responsabilidad penal sigue el hilo hasta esa persona, y la ley funciona bien para ese modelo».
La subdotación tiene unas cifras concretas. Existen solo tres unidades de Cibercrimen en todo Chile: Santiago, Valparaíso y Concepción. «Entre las tres unidades tenemos que ver todo Chile», afirma el comisario Braulio Jiménez. Está en proyecto crear más unidades, pero por ahora, tres brigadas deben cubrir un país entero.
Aunque las categorías no capturan completo el fenómeno, las tres muestran el mismo patrón: la mayoría de los delitos ingresados queda con imputado desconocido.
| Categoría | Delitos ingresados | Con imputado desconocido | % desconocido | Archivo provisional | Archivo + imputado desconocido | Términos por sentencia condenatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estafas engaño patrimonial general |
141.443 | 113.165 | 80,0% | 100.916 | 86.426 | 4.173 |
| Art. 7A Ley 20.009 tarjetas, claves y medios de pago |
306.009 | 302.633 | 98,9% | 284.078 | 280.827 | 27 |
| Ley 21.459 delitos informáticos |
3.111 | 2.743 | 88,2% | 2.627 | 2.444 | 13 |
| Arts. 6, 7 y 8 Ley 21.459 subconjunto: datos, fraude informático y abuso de dispositivos |
1.982 | 1.858 | 93,7% | 1.764 | 1.698 | 5 |
Arts. 6, 7 y 8 no son una cuarta ley: son un subconjunto de Ley 21.459.
2026 corresponde a datos parciales y no debe compararse como año cerrado contra 2025.
“Delitos ingresados” no equivale a causas únicas, víctimas ni personas imputadas. “Términos aplicados” se contabiliza por relación procesal y fecha de término.
Cuando el bot respondió las preguntas de Fátima, no había nadie escribiendo esas respuestas en tiempo real.
Cuando, segundos después de que el pago de Felipe fallara, el sistema le ofreció convertirse en reclutador, tampoco hubo una persona tomando esa decisión. La operación funciona sola.
«La ley no cubre los delitos algorítmicos ejecutados a través de sistemas automatizados, bots o contratos inteligentes, donde no hay una conducta humana directa en cada operación», dice Valenzuela. «La conducta humana ocurrió mucho antes, en el diseño. El autor programó el sistema, lo desplegó y este delinque de forma autónoma a gran escala».
Quien diseñó ese bot puede estar en otro país. Puede haber borrado su rastro. Puede que nunca vuelva a tocar la plataforma. El delito se comete igual. «Cuando enfrentamos este delito algorítmico, las vías de imputación clásicas del derecho penal colapsan», concluye. «Uno de los requisitos para que exista delito es la culpabilidad, y una inteligencia artificial no tiene ese reproche de culpabilidad».
Incluso cuando la ley alcanza donde puede, queda otro obstáculo: la información.
En ambos expedientes del capítulo anterior, Telegram estaba en el centro de la operación. En ambos, quedó fuera del proceso. La razón no cambió entre un caso y otro.
«Nosotros solicitamos información a Telegram y Telegram no la proporciona», dice la fiscal Marcela Toledo, subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavados de Activos asociados (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional. «Hemos hecho solicitudes a través de cooperación internacional o directamente a sus representantes o puntos de contacto. Ellos reciben el correo, pero no contestan».
No es una respuesta negativa. Es silencio. «No hay respuesta. No es que no sea negativa. No hay respuesta».
La PDI confirma el mismo patrón desde otro ángulo. «Con Meta, con Google, con WhatsApp, hay coordinaciones en realidad a diario», dice el comisario Jiménez. «Con Telegram, a veces entregan información, a veces no».
La diferencia no es menor: mientras las demás plataformas responden con agilidad, con Telegram la policia opera a través de una ruta más larga. «A raíz de la cooperación internacional le solicitamos a esos países que pidan la información que nosotros necesitamos. Es una vuelta un poco más larga».
Que el propietario de la plataforma, Pavel Durov, este siendo procesado en Francia también afecta: Telegram está obligada a colaborar con las autoridades en ciertos países, la mayoría pertenecientes de la Unión Europea.
La Fiscalía intentó llegar a Telegram a través de Argentina, donde la empresa sí entrega información en algunos casos. Tampoco funcionó. «Tienes que pensar que un mercado de 20 millones de personas no tiene mayor importancia para una empresa como Telegram. Distinto es Argentina, distinto es Brasil, México».
La diferencia con otras plataformas es nítida. «Cuando nosotros enfrentamos casos en los que hay otros proveedores de servicios involucrados, Google, Meta, son gigantes informáticos que entregan la información que las fiscalías en el mundo les piden. Telegram no».
Rufino Martínez matiza el punto: no todos los delitos reciben la misma reacción. En materias de mayor gravedad, la coordinación puede ser más rápida. En delitos económicos, «hay un retraso significativo». El silencio de Telegram tiene jerarquía. El fraude con tarjetas por 15.000 pesos no está en lo alto de esa lista.
El rastro del dinero tampoco siempre entrega una salida. Como ya mostró el flujo cripto de Palo Verde, blockchain puede dejar una ruta visible pero no necesariamente una identidad. «Hay herramientas para rastrear criptoactivo«, confirma Toledo. «Son herramientas carísimas.» La PDI cuenta con una. La Fiscalía está en proceso de adquisición. El rastro llega hasta cierto punto. Y se detiene.
El 12 de mayo de 2022, Chile firmó el Segundo Protocolo del Convenio de Budapest. El instrumento permite que fiscales de países signatarios soliciten información directamente a proveedores de servicios ubicados en otros países signatarios, sin los canales lentos de la cooperación internacional tradicional.
Lleva más de tres años sin ser ratificado.
«La Fiscalía ha instado desde el momento de la firma para que este protocolo se incorpore como ley a nuestra legislación. Lamentablemente no ha sucedido. Es un anhelo de la Fiscalía esta ratificación«, dice Toledo.
En enero de 2026, la exdiputada Paula Labra presentó el Oficio N°128.225 consultando el estado de implementación del protocolo. No llegó al tema por las estafas digitales, sino por otro camino: Mientras la Comisión de Ciencias discutía un proyecto de ley sobre deepfakes, Labra detectó que la solución propuesta por el Ejecutivo podría contradecir tratados internacionales. «Si el interés del Ejecutivo era poder sancionar y perseguir las deepfakes, ¿por qué no teníamos el segundo protocolo ratificado?», razonó. Le consultó al entonces ministro de Ciencias, Aldo Valle, en la comisión. «Él no sabía en qué estaba».
El oficio nunca fue respondido. «Me metí a revisar la página de la Cámara, y no ha habido respuesta ninguna», dijo Labra. Durante todo su período como integrante de la Comisión de Ciencias entre 2022 y 2026, el protocolo tampoco fue discutido. «No fue tema. No tuve conocimiento de que eso hubiese sido discutido al respecto».
El proceso no está completamente paralizado. El Fiscal Nacional envió un oficio a Cancillería solicitando una mesa de trabajo. Pero desde Cancillería indicaron lo siguiente: “La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería está estudiando con los órganos del Estado que tienen competencia sobre la materia, qué adecuaciones normativas serían necesarias adoptar previo a la ratificación y posterior entrada en vigencia del Segundo Protocolo del Convenio de Budapest”.
12 MAY 2022
Chile firma el Segundo Protocolo en Estrasburgo. La delegación incluye representantes de la Fiscalía Nacional.
2023 — 2024
Sin movimiento legislativo en Chile. Serbia y Japón ratifican el protocolo.
ENE 2026
Exdiputada Paula Labra presenta oficio N°128.225 consultando el estado del protocolo. El ministro de Ciencias declara desconocer el proceso.
ABR 2026
Costa Rica ratifica. Son cuatro países. Se necesitan cinco para que entre en vigor.
HOY
Cancillería estudia adecuaciones normativas. El protocolo aún no ha sido enviado al Congreso.
Para Martínez, la demora tiene una explicación técnica antes que política. Ratificar Budapest exige ajustar el Código Procesal Penal para que órdenes de fiscales extranjeros tengan validez en Chile. «Lo que puede percibirse externamente como una demora no parece ser una demora intencional ni negligente, sino sencillamente una demora que es el tiempo que habitualmente toma la implementación de materias altamente técnicas».
Pero hay un problema que ningún cronograma legislativo resuelve.
Para que el mecanismo funcione con Telegram, el país donde la plataforma opera también debe haber ratificado el protocolo. «Para obligar a un proveedor de servicio alrededor de otro Estado a entregar esta información, ese Estado tiene que haber ratificado también», advierte Toledo. Telegram opera desde Dubái y tiene domicilio legal en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguna de las dos jurisdicciones forma parte del Convenio de Budapest.
Hay otro obstáculo. Para que el Segundo Protocolo entre en vigor, el tratado exige que al menos cinco países lo ratifiquen. Solo cuatro lo han hecho.
Países que han ratificado — se necesitan 5 para activar el mecanismo
⚠ Chile firmó en 2022. No ha ratificado. Sin un quinto país, el mecanismo de cooperación directa no puede activarse.
El mecanismo que agilizaría la cooperación directa con plataformas y proveedores extranjeros no puede activarse hasta que un quinto Estado complete el proceso. El instrumento existe. El umbral todavía no se ha alcanzado.
Y aun si ese obstáculo se resolviera, Valenzuela traza el límite más profundo: «Si es un delito informático tal como está contemplado bajo el Convenio de Budapest, sí. Pero si es un delito algorítmico, la película estaría más difícil«.
Incluso si Chile ratificara mañana, el problema no se resuelve
[ ERROR_01 ] — CHILE NO HA RATIFICADO
El protocolo fue firmado en 2022 con la Fiscalía presente. Más de tres años después, no ha sido enviado al Congreso. Sin ratificación, no tiene fuerza de ley.
[ ERROR_02 ] — TELEGRAM OPERA FUERA DEL CONVENIO
Telegram opera desde Dubái y tiene domicilio legal en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguna jurisdicción forma parte del Convenio de Budapest. No existe base legal para obligarla.
[ ERROR_03 ] — EL UMBRAL MÍNIMO NO SE HA ALCANZADO
Para entrar en vigor, el protocolo exige que al menos cinco países lo ratifiquen. Solo cuatro lo han hecho. El mecanismo de cooperación directa no puede activarse.
// Y aun si todo lo anterior se resolviera, persiste un cuarto obstáculo: los delitos algorítmicos pueden quedar fuera del alcance del convenio.
En agosto de 2026, el Fiscal Nacional Ángel Valencia constituyó la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, integrada por el Ministerio Público junto a nueve organismos públicos y privados, entre ellos la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). Su objetivo es establecer mecanismos para combatir el fraude digital. Valencia señal en la estancia que desde 2024 las notificaciones de INTERPOL relacionadas con estafas aumentaron un 54%, y que los delitos de uso malicioso de tarjetas y estafas contra particulares representan el 22% de los delitos ingresados en 2025.
La ANCI, la principal institución en materia de ciberseguridad y parte de esta mesa fue contactada en reiteradas ocasiones mediante diversos canales, pero no hubo respuesta.
FOTO: SEBASTIÁN ARRIAGADA Y MISAEL MONSALVES | EDITADA CON GEMINI
Fátima no fue a Carabineros, no presentó una denuncia formal, ni llamó al banco. Hizo algo distinto.
La semana posterior a la estafa comentó en la cuenta de funa de este grupo. Dejó avisos de este tipo de estafas. Tiempo después, le escribió alguien que estaba a punto de depositar: «Oye, vi un comentario tuyo, yo también quería depositarles, pero antes quería preguntarte a ti.» Fátima le respondió. La persona no depositó. «Gracias por salvarme», le escribió.
Felipe tampoco denunció, tuvo una razón más directa: «Ya suficientemente tonto me siento por haber creído en esas cosas. (…) ¿Qué tan tonto me voy a ver yendo, no sé, a Carabineros a decir que me estafaron porque deposité 15.000 pesos y me dijeron que vienen a depositar 120.000?».
La vergüenza no es accidental, es parte de la maquinación.
Para Alejandra Mohor, la respuesta informal de Fátima tiene su propia lógica interna: «Tú no necesitas que una conducta sea delictiva para que sea funable, basta con que no te guste. (…) No tengo necesidad de sentirme víctima. (…) No tengo que ir a darle explicación a nadie, ni mirarle la cara. (…) Lo subo anónimamente a un lugar con la misma impunidad con la que me estafaron a mí».
Si no hay justicia formal, hay algo que ocupa su lugar. «Si no hay justicia, hay funa. Así empieza la funa, bajo ese eslogan».
El canal que captó a Fátima y a Felipe todavía sigue en pie. Cambió de nombre. Incorporó criptomonedas. Amplió su alcance. Y el Estado chileno no puede tocarlo, ya que Telegram no responde.
De los siete individuos identificados durante esta investigación, intentamos llegar a quienes tenían presencia pública en redes sociales. Algunos no dejaban huella digital alguna: sin perfil, sin cuenta, sin rastro visible en internet. A los que encontramos, les enviamos mensajes. Ninguno respondió.
No hay una respuesta perfecta. Pero hay pasos que pueden marcar diferencia antes de que el rastro desaparezca.
Capturas de conversación, perfil, datos bancarios y comprobantes. Telegram borra canales; la evidencia local es tu única defensa.
Si hay tarjetas o cuentas involucradas, es el primer paso. En estos delitos, la ventana de oportunidad se mide en horas.
Aunque sea por poco dinero. Los datos aislados no sirven, pero al agrupar denuncias, la Fiscalía puede construir un caso real.
Para expertos como Rufino Martínez, abogado especialista en derecho informático, el cambio más urgente que Chile necesita no pasa por una nueva ley ni por un tratado internacional. «El cambio, más que persecutorio, tiene que ser un cambio de concientización ex ante, de educación y de higiene digital. O sea, que la gente tenga conciencias y herramientas para poder definir cuándo hay un phishing, cuándo es un sitio verdadero, cuándo se trata de alguna forma de estafa».
Mohor lo dice desde otra perspectiva: «Primero, para que sepas que estás frente a un delito y que eres víctima. Segundo, para que sepas que el Estado tiene una obligación contigo por ser víctima de un delito«.
Dentro del sistema, esa obligación choca con algo más simple. El fiscal Bravo lo resume sin rodeos: “La gran dificultad que tenemos nosotros es de personal, es de apoyo para la investigación. En la fiscalía no tenemos suficiente personal administrativo, es un gran problema porque es un tema de recursos, y las policías también están sobrepasadas«.
Fátima lo sabe ahora. Pero lo aprendió sola.
Reportaje de titulo realizado por Sebastián Arriagada y Misael Monsalves
Profesor guía: Arturo Galarce
En memoria de nuestro querido profesor Sergio Amín. Este reportaje multimedia es fruto de sus enseñanzas.
Periodismo y Comunicaciones, Universidad del Desarrollo
Concepción, 2026
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